La presencia de personas en situación de calle constituye uno de los desafíos sociales y urbanos más complejos de San José. Sus consecuencias se manifiestan tanto en las condiciones de vida de quienes carecen de un lugar estable donde residir como en la convivencia ciudadana, el comercio, la seguridad, la salubridad y el uso del espacio público. Se trata de una problemática que involucra circunstancias personales, familiares, económicas y de salud, y cuya atención exige mucho más que intervenciones ocasionales.
En una publicación anterior, Visión San José CR examinó las diferencias entre las cifras utilizadas por la Municipalidad de San José y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Aquella revisión permitió establecer que las estimaciones disponibles no siempre son directamente comparables, debido a posibles diferencias en las fechas, los territorios y las metodologías de registro. La importancia de contar con información confiable continúa vigente, pero los acontecimientos recientes plantean una pregunta adicional: ¿qué está cambiando realmente en la atención de esta población y cómo se comprobarán los resultados?
Durante agosto y septiembre de 2026 se anunciaron nuevas acciones nacionales, se inició una intervención piloto y varios gobiernos locales solicitaron participar directamente en los mecanismos de coordinación. Estas actuaciones representan un escenario distinto al del diagnóstico inicial y justifican examinar las responsabilidades institucionales, los servicios disponibles, los recursos asignados y las condiciones necesarias para sostener una respuesta efectiva.
Las cifras y el nuevo escenario de atención institucional
El 12 de agosto de 2026, el IMAS anunció una estrategia interinstitucional orientada a atender la situación de calle y el consumo problemático de sustancias psicoactivas, mediante acciones de prevención, atención, recuperación, convivencia comunitaria e incorporación al empleo. La iniciativa fue presentada como un esfuerzo conjunto del Gobierno de la República, coordinado operativamente por el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el IMAS.
Según los datos divulgados en ese anuncio, Costa Rica registraba 7.132 personas en situación de calle, de las cuales 3.590 se encontraban en la capital. Esta concentración evidencia la importancia de San José dentro del fenómeno nacional, aunque resulta necesario precisar el alcance territorial y metodológico de cada registro antes de compararlo con otras estimaciones.
Por su parte, la Municipalidad de San José había utilizado una cifra cercana a 2.300 personas, mientras que otras referencias institucionales y periodísticas han señalado cantidades superiores. Las diferencias no deben interpretarse automáticamente como aumentos o disminuciones de la población, pues pueden responder a criterios de medición distintos. La actualización y armonización de los registros constituye, por tanto, una condición importante para planificar los servicios y evaluar su cobertura.
La estrategia nacional estableció como primera zona de intervención el distrito Merced, dentro del cantón central de San José. La selección de este territorio fue relacionada con la concentración de personas en situación de calle, el consumo problemático de sustancias y sus repercusiones sobre la convivencia y la actividad comercial.
Entre las instituciones vinculadas a la iniciativa se encuentran el IMAS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras entidades públicas.
La amplitud de esta participación reconoce que la situación de calle no puede resolverse desde una sola institución. Sin embargo, la existencia de una estrategia conjunta debe acompañarse de responsabilidades claramente definidas, procedimientos de referencia entre servicios y mecanismos para verificar que las personas atendidas reciban seguimiento.
El plan piloto en Merced: primeros servicios y resultados
El 21 de septiembre de 2026 comenzó un plan piloto de atención a personas en situación de calle en San José, coordinado por el IMAS junto con el Ejército de Salvación y la Fundación Lloverá, con participación de instituciones públicas y organizaciones sociales.
De acuerdo con los resultados divulgados el 24 de septiembre, durante los primeros cuatro días se registraron 125 personas atendidas, 300 atenciones institucionales, 180 servicios de alimentación y ducha, 16 personas atendidas en el dormitorio habilitado y cinco referencias a centros residenciales para personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Estas cifras permiten identificar acciones concretas y constituyen una primera base para evaluar la intervención. Sin embargo, deben interpretarse cuidadosamente: las 300 atenciones institucionales no equivalen necesariamente a 300 personas distintas, y los servicios de alimentación o ducha representan prestaciones realizadas, no resultados definitivos de recuperación o reinserción social.
Las cinco referencias a centros residenciales también requieren seguimiento para determinar si se concretó el ingreso, qué servicios recibieron las personas y cuáles fueron los resultados posteriores. De igual manera, sería conveniente conocer la evolución del número de beneficiarios, la continuidad de la atención y la capacidad efectiva de los dispositivos habilitados.
El inicio del plan constituye una actuación verificable, pero su valoración integral dependerá de los resultados acumulados durante los meses siguientes. Un programa de esta naturaleza debe medirse tanto por la cantidad de servicios brindados como por su capacidad para establecer rutas de atención que respondan a las necesidades de cada persona.
En este sentido, resulta importante distinguir entre atención inmediata y recuperación sostenida. La alimentación, la higiene y el alojamiento temporal pueden reducir riesgos y mejorar condiciones urgentes, mientras que la atención de salud, el tratamiento voluntario cuando corresponda, la reconstrucción de redes de apoyo y las oportunidades de autonomía requieren intervenciones de mayor duración.
Municipalidad y Gobierno: el desafío de coordinar responsabilidades
La puesta en marcha de la estrategia nacional también ha generado diferencias públicas sobre la participación de los gobiernos locales. El 8 de septiembre de 2026 se informó que la Municipalidad de San José y otros nueve gobiernos locales solicitaron formalmente su incorporación a la Mesa Nacional para la atención de personas en situación de calle, así como información sobre los alcances de la estrategia y los recursos previstos.
Posteriormente, el 8 de octubre, la vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós, manifestó que la Municipalidad no había sido incorporada a la construcción y desarrollo del plan piloto en los términos que consideraba necesarios. Según sus declaraciones, el gobierno local participó en una reunión informativa previa, pero no tuvo intervención en el diseño de la iniciativa ni recibió nuevas convocatorias.
Estas manifestaciones corresponden a la posición expresada por la representación municipal. Para establecer el estado efectivo de la coordinación sería necesario contar también con la documentación de las convocatorias, los acuerdos, las respuestas institucionales y la posición actualizada de las entidades responsables de la estrategia nacional. Más allá de las diferencias sobre el procedimiento de participación, existe una cuestión administrativa fundamental: el cantón donde se ejecuta una intervención debe contar con mecanismos claros para articular los servicios municipales y nacionales que inciden sobre una misma población.
La Municipalidad dispone de responsabilidades y capacidades relacionadas con el espacio público, determinados servicios sociales, la gestión territorial y la convivencia urbana. Por su parte, las instituciones nacionales poseen competencias especializadas en asistencia social, salud, tratamiento de adicciones, protección de poblaciones vulnerables y seguridad pública.
La coordinación efectiva exige definir quién identifica y registra a las personas, quién realiza las valoraciones, cuáles instituciones reciben las referencias, cómo se comparte la información dentro de los límites legales y quién da seguimiento a cada proceso. También requiere mecanismos para evitar duplicidades y detectar necesidades que no estén siendo atendidas.
La discusión institucional no debería reducirse a determinar qué entidad encabeza una iniciativa. Su importancia reside en establecer si existe una respuesta integrada, capaz de aprovechar los recursos disponibles y mantener continuidad en los servicios.
Servicios existentes, recursos y capacidad de atención
La Municipalidad de San José cuenta con antecedentes de atención a esta población mediante el Centro Dormitorio Municipal, cuya información institucional describe un servicio dirigido a personas adultas en situación de calle. Según la Municipalidad, este dispositivo tiene capacidad para beneficiar a 100 personas, funciona durante todo el año y desarrolla su intervención desde un modelo de reducción de daños.
Su finalidad no se limita a ofrecer un espacio de pernoctación, sino que comprende la articulación de servicios públicos y privados orientados a mejorar las condiciones de vida y favorecer oportunidades de recuperación y reinserción social. A este tipo de recursos se suman las actuaciones de organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas iniciativas como Chepe se Baña, así como otros servicios de alimentación, higiene, acompañamiento y alojamiento. Estas intervenciones cumplen funciones diferentes y no deben considerarse automáticamente equivalentes en capacidad, cobertura o duración.
La diversidad de dispositivos hace necesario disponer de un inventario actualizado de servicios que indique su ubicación, capacidad, población destinataria, requisitos de ingreso, horarios, financiamiento y mecanismos de referencia. También sería importante determinar cuántas personas utilizan regularmente cada servicio y qué necesidades permanecen sin cobertura.
En materia presupuestaria, durante septiembre surgió una discusión sobre los recursos municipales previstos para internamientos. Según información divulgada sobre el presupuesto de 2027, la Municipalidad contempló aproximadamente ₡17 millones para ese fin, frente a ₡10,7 millones señalados para 2026. La diferencia representa un incremento nominal aproximado del 59 % respecto de esa referencia.
Algunos regidores cuestionaron la suficiencia del monto frente a la dimensión del problema, mientras que la Municipalidad destacó el incremento de los recursos destinados específicamente a internamientos.
Sin embargo, estas cifras deben interpretarse dentro de su alcance. El rubro de internamientos no representa necesariamente la totalidad de los recursos municipales destinados a personas en situación de calle. Para evaluar el esfuerzo financiero completo sería indispensable conocer los presupuestos de todos los programas relacionados, sus fuentes de financiamiento y la ejecución efectiva de cada partida.
También debe diferenciarse entre presupuesto aprobado, recursos comprometidos y gastos efectivamente realizados. Un aumento presupuestario no garantiza, por sí solo, mayor cobertura, de la misma manera que una asignación reducida en un rubro específico no permite concluir automáticamente que toda la atención institucional haya disminuido.
La pregunta fundamental es cuánto se invierte, en cuáles servicios, cuántas personas se benefician y qué resultados pueden demostrarse.
Atención social, convivencia y recuperación del espacio público
La situación de calle posee una dimensión humana que exige reconocer la dignidad y los derechos de las personas afectadas. Muchas enfrentan condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la pobreza, la pérdida de redes familiares, problemas de salud, consumo problemático de sustancias u otras circunstancias que requieren respuestas especializadas y diferenciadas.
Al mismo tiempo, la concentración de personas en determinados espacios urbanos puede generar dificultades de convivencia, acumulación de residuos, afectaciones sanitarias, conflictos por el uso de aceras y parques y preocupaciones de residentes y comerciantes. Estas situaciones también requieren atención institucional, especialmente cuando afectan la accesibilidad, la seguridad o el funcionamiento de actividades económicas.
Ambas dimensiones deben abordarse conjuntamente. La protección de los derechos de las personas en situación de calle no excluye la obligación de mantener espacios públicos seguros, limpios y accesibles. Del mismo modo, las acciones de ordenamiento urbano no deberían sustituir los servicios sociales y sanitarios necesarios para atender las causas y consecuencias de la exclusión.
Las intervenciones policiales pueden resultar necesarias frente a conductas ilícitas o situaciones de riesgo, pero la condición de encontrarse en situación de calle no debe equipararse automáticamente con la comisión de delitos. Una respuesta institucional equilibrada requiere distinguir entre necesidades de protección social, problemas de salud, conflictos de convivencia y actuaciones que demanden intervención de las autoridades competentes.
La recuperación sostenible de los espacios urbanos también depende de que las personas puedan acceder a alternativas reales de atención. Si una intervención se limita a trasladarlas de un sector a otro, sin ofrecer continuidad en los servicios, el problema puede desplazarse territorialmente sin que mejoren sus condiciones de fondo.
Por ello, el seguimiento debe considerar tanto la evolución de las condiciones urbanas como la trayectoria de las personas atendidas, evitando que los resultados se midan exclusivamente por la disminución temporal de su presencia en determinadas calles.
¿Cómo comprobar si las acciones están funcionando?
Los acontecimientos recientes permiten identificar iniciativas, servicios y recursos, pero todavía es necesario disponer de información sistemática que permita valorar sus resultados en el mediano plazo. Un sistema de seguimiento debería registrar, mediante criterios uniformes, la cantidad de personas identificadas, las atenciones brindadas, las valoraciones realizadas, las referencias a servicios especializados, los ingresos efectivos a dispositivos de alojamiento o tratamiento y la continuidad de los procesos.
También sería importante conocer cuántas personas logran acceder a soluciones habitacionales, restablecer vínculos familiares cuando resulte apropiado, incorporarse a oportunidades de formación o empleo y mantener condiciones de mayor estabilidad. Estos indicadores deben considerar que las trayectorias de recuperación no son uniformes y que una misma persona puede requerir múltiples intervenciones.
En el ámbito institucional, la evaluación debería incluir los recursos presupuestados y ejecutados, la cobertura territorial, los convenios de cooperación, los mecanismos de coordinación y el seguimiento de acuerdos entre las entidades participantes.
Para el distrito Merced, donde comenzó el plan piloto, sería útil contar con informes periódicos que permitan examinar la evolución de las atenciones, los servicios disponibles y los resultados alcanzados. Si la iniciativa se amplía a otros distritos o cantones, deberían documentarse los criterios utilizados para seleccionar los territorios y adaptar las intervenciones.
La publicación de esta información debe respetar la confidencialidad de los datos personales y evitar exponer circunstancias individuales de salud o vulnerabilidad. La rendición de cuentas puede realizarse mediante estadísticas agregadas, indicadores de desempeño e informes institucionales que permitan evaluar los programas sin comprometer la dignidad de sus beneficiarios.
El éxito de una estrategia no debería medirse solamente por cuántas personas fueron atendidas un día determinado, sino por cuántas reciben una respuesta adecuada, mantienen acceso a los servicios y encuentran oportunidades reales para mejorar sus condiciones de vida.
De las acciones iniciales a una respuesta sostenida
San José concentra una parte importante de la población en situación de calle del país y enfrenta repercusiones sociales y urbanas que requieren atención permanente. El anuncio de una estrategia nacional y el inicio del plan piloto en Merced representan acontecimientos relevantes porque incorporan nuevas actuaciones y mecanismos de atención a una problemática que durante años ha exigido mayores esfuerzos institucionales.
Los primeros resultados divulgados permiten comprobar que se han brindado servicios concretos. También evidencian la necesidad de conocer su continuidad, alcance y resultados posteriores. Las diferencias expresadas sobre la participación municipal refuerzan, por su parte, la importancia de establecer mecanismos de coordinación transparentes y funcionales entre las instituciones nacionales y los gobiernos locales.
El desafío no consiste únicamente en aumentar la cantidad de operativos, habilitar espacios temporales o anunciar nuevas partidas presupuestarias. Consiste en construir una respuesta sostenida que articule atención social, salud, alojamiento, recuperación, convivencia ciudadana y oportunidades de autonomía, mediante responsabilidades definidas y resultados verificables.
Para la ciudadanía, las preguntas siguen siendo esenciales: ¿quién coordina?, ¿qué servicios están disponibles?, ¿cuántas personas reciben atención efectiva?, ¿qué recursos se ejecutan y qué ocurre después de las intervenciones iniciales?
La atención de las personas en situación de calle no puede depender de esfuerzos aislados ni de actuaciones temporales. Requiere coordinación institucional, continuidad en los servicios, respeto a la dignidad humana y una evaluación transparente de los resultados. La verdadera medida del avance estará en la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las personas atendidas y, al mismo tiempo, recuperar espacios urbanos más seguros, ordenados y habitables para todos los ciudadanos.